“No podemos permitir que las personas que defienden los Derechos Humanos sean tratadas como delincuentes”

En los últimos años nos estamos enfrentado a una crisis que ha golpeado fuertemente a sectores amplios de la población. Como es normal en democracia la gente ha salido a las calles o ha participado en huelgas para defender pacíficamente sus derechos y para hacer patente el incremento de los problemas sociales. En todo momento las mayorías sociales han cumplido con el deber cívico de participar activamente en la construcción de su país apoyando lo que les parecía justo y criticando lo que no les parecía adecuado.

Sin embargo, durante estos años de crisis se han desarrollado medidas cada vez más restrictivas en materia de derechos y libertades civiles, llegando a extremos impensables en democracia como ha ocurrido con la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como Ley Mordaza, cuyo encaje constitucional es cuanto menos dudoso y que está cuestionada por organizaciones de derechos humanos internacionales.

Esta sinrazón ha supuesto un incremento de casos de persecución contra personas que simplemente estaban defendiendo sus derechos de forma pacífica, algo difícil de entender en un contexto democrático en el que no ha habido incidentes destacables que hayan alterado nuestra convivencia. Nos encontramos con cientos, quizás miles de personas a las que se les ha sancionado por participar en movilizaciones ciudadanas. Y lo que es más grave, nos encontramos también con cientos de personas, principalmente sindicalistas, a las que se les piden penas de prisión por hechos similares. Casos recientes como los 8 trabajadores de Airbus, y cercanos como los de Carlos y Carmen en Granada, Francisco Morata en la fábrica de Torraspapel en Motril y Andrés Bódalo en Jódar, entre otros, indican que esta realidad, lejos de desaparecer, se está incrementando.

Desde Podemos Granada nos sumamos a todas las peticiones que la sociedad civil está realizando en contra de la limitación de nuestras libertades civiles porque no podemos permitir que las personas que defienden los Derechos Humanos sean tratadas como delincuentes.