Lamentables declaraciones de Paco Cuenca ante el archivo del caso “Colina Roja”

El alcalde se escuda en un fallo de procedimiento para esconder la responsabilidad del PSOE

Podemos Granada manifiesta su estupefacción ante el carpetazo procesal a la causa “Colina Roja” que investigaba la red clientelar que, según la investigación policial (UDEF), ha regido presuntamente la política de contratación de la Alhambra durante años. La auditoría realizada por la Intervención General de la Junta de Andalucía calcula que esta trama ha costado 12 millones de euros al erario público.
La clave del cerrojazo judicial a esta investigación ha sido la aplicación del artículo 324 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que determina un plazo máximo de 6 meses para instruir una causa criminal a no ser que se declare la complejidad de la misma dentro de ese mismo plazo. Esta norma facilita la impunidad de personas presuntamente culpables de delitos execrables, realizados desde puestos de responsabilidad pública; unos puestos que los partidos del régimen utilizan para financiarse, para el enriquecimiento personal de algunos de sus miembros y para la contratación de familiares y personas afines. En el contexto de sobrecarga que sufren los juzgados, la norma exige que la instrucción de una causa penal de esa naturaleza, en sí misma muy compleja, no sobrepase los seis meses, lo que facilita que los prevaricadores y corruptos puedan salir impunes, sin importar las graves consecuencias para la imagen de la Justicia ni que el trabajo policial de investigación se vaya a la papelera. En semejante contexto, el auto judicial referido proporciona la peor de las condenas: la de la sospecha fundada, pues resulta de la aplicación de una norma procesal penal fabricada ex profeso para conseguir los archivos de las causas penales por corrupción política.
Ante la resolución judicial que archiva el caso “Colina Roja”, el señor Alcalde de Granada, él mismo también imputado por delitos graves de prevaricación en el ejercicio de cargo público, ha reaccionado con euforia, afirmando que el trabajo de la Sra. Villafranca al frente del Patronato de la Alhambra ha sido magnífico. Las declaraciones del Sr. Cuenca sobre este asunto, unidas a las sospechas firmes que recaen sobre él, ponen en cuestión su idoneidad para continuar al frente del Ayuntamiento de Granada, pues muestran bien a las claras que, lejos de preocuparse por los intereses de la ciudadanía, vela por sus propios intereses y los de sus compañeros de partido.
Para las personas presuntamente culpables de estos delitos de prevaricación, malversación, cohecho y tráfico de influencias, la resolución de la Audiencia Provincial puede significar cierta liberación. Pero cualquier persona honesta interesada en la defensa de su inocencia preferiría una sentencia absolutoria. En todo caso, cualquier persona decente no puede sino lamentar el error procesal que se ha producido. Sin embargo, el Sr. Alcalde declara que hay que centrarse en lo bueno que aporta la Alhambra y no en los procedimientos judiciales: no es posible un mayor reconocimiento de los hechos imputados. El Sr. Cuenca no es digno de ser alcalde de Granada.

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