Comunicado de Podemos Granada:Libertad de opinión y sentencias judiciales

Recientemente hemos conocido la nota en la que la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial amonesta al Vicepresidente segundo del Gobierno de España, Pablo Iglesias. Esta amonestación (que no fue unánime) ha estado motivada por unas declaraciones de este en las que manifestaba su desacuerdo, pero total respeto, a la sentencia que condena a la diputada de Podemos en el Parlamento de la Comunidad de Madrid, Isabel Serra, por participar en una protesta ciudadana por un desahucio a una persona con discapacidad en el año 2014.

Manifestamos nuestra disconformidad con la citada nota de la Comisión Permanente del CGPJ y, igual que destacados juristas y expertos en Derecho Constitucional, entendemos que ese comunicado confunde la independencia judicial con la presión corporativa contra una opinión libre. Además, se tergiversa la opinión dada pues se llega a afirmar que se está lanzando una sospecha de falta de imparcialidad hacia los jueces españoles, lo que resulta una presunción infundada para cualquiera que haya leído el mensaje. No hay que olvidar que fue el propio presidente del CGPJ el que dijo que el Código Penal actual está pensado y hecho para los roba gallinas; por tanto, parece que la sensación de injusticia denunciada por Pablo Iglesias está en el pensamiento de muchas personas, aunque desde Podemos tenemos especial confianza en el Estado de Derecho.

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) le ha recordado al Estado Español en varias resoluciones que no está justificada la limitación de la libertad de expresión salvo que las conductas supongan un riesgo para la seguridad nacional, la integridad territorial, la seguridad pública, la defensa del orden o la prevención del delito, lo que no es el caso.

Leída la sentencia se observa que no hay correlación entre los hechos probados y el fallo de la resolución judicial, pues se sustenta en impresiones subjetivas de la valoración de la prueba; por tanto, manifestar la opinión referida en los términos que se produce no supone el cuestionamiento de la independencia ni la imparcialidad judicial y sí el ejercicio de un derecho ciudadano fundamental, como es el de la libertad expresión, llamando especialmente la atención la beligerancia de lo significado por la comisión permanente del CGPJ si la ponemos en relación esa nota con la pasividad de este respecto de las ofensivas y torcidas críticas a los jueces que dictaron la sentencia del “caso Gürtel”.

Dicho todo lo anterior, consideramos que la crítica a las resoluciones judiciales es un derecho ciudadano que consagra la Constitución Española y que solo tiene como límite la distorsión del contenido real de lo que ha sido resuelto por una sentencia judicial, lo que entendemos no se puede deducir de las declaraciones del Vicepresidente segundo del Gobierno de España y Secretario General de Podemos.

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